La convocatoria adelantada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha dejado en “vía muerta” el expediente administrativo para la implantación de la jubilación anticipada en el sector del transporte por carretera, mediante la aplicación de los coeficientes reductores en la cotización de los conductores profesionales, tanto asalariados como autónomos.
Desde el año pasado, las asociaciones sectoriales y los sindicatos promovieron ante al ministerio de Seguridad Social la norma reductora que, si bien debía haberse resuelto en un plazo máximo de seis meses, diferentes incidencias de índole judicial y administrativo lo han ido retrasando, duplicándose el plazo legal establecido para su resolución.
Según recuerda Fenadismer, tras superarse las dificultades iniciales para determinar la base estadística del colectivo, el pasado mes de junio se publicaron los primeros informes de mortalidad y morbilidad. Posteriormente, durante el mes de julio, tanto el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) como la Inspección de Trabajo cumplieron estrictamente con los plazos para emitir sus respectivos informes preceptivos. Sin embargo, desde septiembre el proceso permanece completamente encallado a la espera de que la Direccion General de Ordenación de la Seguridad Social convoque a la Comisión de Evaluación para redactar las conclusiones finales.